A partir de esta madrugada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal inició la toma de control del Cereso Estatal número 3, proceso que continuará a todos los penales del estado, confirmó la gobernadora, Maria Eugenia Campos Galván.
Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en redes que dice lo siguiente:
Quiero informar que desde las 5:00 de la mañana de hoy, el control de los Centros de Reinserción Social pasó de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública, iniciando el CERESO 3 de Ciudad Juárez.
Esto no se trata de un traslado, si no de tomar el mando en los CERESOS para tener un mejor control y ofrecer mayor seguridad a las y los chihuahuenses.
Estaré informando acerca de los acontecimientos durante las próximas horas. Es importante aclarar que las modificaciones aprobadas por el Congreso entraron en vigor ayer mismo al ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
Apenas ayer el Congreso del Estado dio a conocer que fue aprobada la reforma a diversos ordenamientos estatales con la finalidad de desincorporar de la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Penitenciario, para incorporarlo ahora a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
El dictamen de la Comisión de Justicia fue presentado por la diputada Ana Margarita Blackaller Prieto, y plantea que la finalidad de los centros de reinserción, es reintegrar al sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Es decir, se busca que las personas privadas de libertad puedan ser funcionales en sociedad una vez que han sido excluidas del centro de detención y se trata de que no vuelvan a cometer un delito, por ello, la autoridad competente para administrar el sistema en materia, debería ser la que ejercite el ámbito de la prevención del delito y no la que realice procuración o administración de justicia.
Además, se trasladó el Instituto Estatal de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a fin de optimizar el nivel de formación y que los integrantes de las instituciones municipales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia, tengan capacitación constante.
Dichas modificaciones obedecen a la necesidad de efectuar una reingeniería institucional para garantizar un trato digno a las personas privadas de la libertad, ya sea que estén siendo procesadas o cumplan una sentencia, así como contar con una mejor infraestructura, equipamiento y tecnologías en los centros penitenciarios.
Además, fue aprobada la petición planteada por la diputada Ana Margarita Blackaller Prieto, a fin de que el Decreto que contiene las modificaciones planteadas anteriormente, entren en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Cabe destacar que estos cambios se dieron tras la iniciativa de la gobernadora Maru Campos, quien detectó la oportunidad de mejorar en esos rubros haciendo los cambios y adecuaciones pertinentes, pues de esta manera la Fiscalía General del Estado, podrá focalizar su labor y tendrá una mayor especialización en los aspectos relativos a la investigación y persecución del delito, robusteciendo la atención oportuna y de calidad a las víctimas.
