| Chihuahua.- Autoridades mexicanas de alto nivel y once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, acompañadas de autoridades de la Provincia, así como del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC), instalaron la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero de 2023. Entre las y los beneficiarios se encuentran tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente, derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los terribles asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, sucedidos el 20 de junio de 2022. El evento de instalación, además de concretar un esquema de coordinación para la implementación de las medidas dispuestas por la CIDH, también fungió como un espacio de reivindicación de la labor de defensa de los derechos humanos que realizan en la región las y los beneficiarios, ya que las autoridades reconocieron sus legítimas exigencias de justicia, seguridad y paz, y admitieron que tienen como objetivo generar acciones urgentes y estratégicas para que hechos tan dolorosos como éste no vuelvan a ocurrir. El acto de instalación tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Chihuahua y contó con la participación de la Gobernadora del Estado, Titulares de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad y el Fiscal General de la entidad; así como el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades federales, las personas beneficiarias, el Asistente del Sector Social de la Provincia en México e integrantes de las organizaciones representantes del caso. De igual forma, acompañó el evento el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personal del Secretariado de la CIDH a distancia. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos puntualizó los acuerdos asumidos de manera coordinada con el gobierno federal y las personas beneficiarias, para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares. De igual forma, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, reconoció la labor de derechos humanos que ha llevado a cabo la comunidad jesuita en la región y ratificó el compromiso para implementar de manera coordinada las medidas para que esta labor pueda continuar. Como parte de las personas beneficiarias, el P. Esteban Cornejo, SJ. enfatizó que la labor que realizan en la Sierra se ha visto trastocada por los terribles asesinatos de sus hermanos, lo que ha tenido un impacto a nivel comunitario, por lo que señalaron la importancia que tiene para la comunidad religiosa contar con protección a nivel internacional. Mientras que el representante de la Provincia, P. Jorge Atilano, SJ. pidió a las autoridades cumplir cabalmente con la implementación, de igual forma, recalcó que la Sierra Tarahumara aún demanda acciones conjuntas y coordinadas que conduzcan hacia la construcción de paz, la justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social. El Centro Prodh enfatizó la relevancia que tiene la investigación y la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de los terribles hechos para evitar que estos se vuelvan a repetir, pues como lo señaló la propia CIDH, la impunidad en la que se mantienen los hechos ha originado la situación de riesgo en la que se encuentra la comunidad. Además, de manos de el P. Esteban Cornejo entregó por parte de las y los beneficiarios a la gobernadora la cruz del padre Javier Campos “El Gallo”, como símbolo del compromiso y de memoria. Conforme dispuso la CIDH en su Resolución de medidas cautelares 2/2023, el Estado mexicano debe adoptar medidas de seguridad para proteger la vida e integridad personal de las beneficiarias; garantizar que éstas puedan realizar sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia; así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que originaron la situación de riesgo. Todo ello, indicó la Comisión, debe realizarse siempre en concertación con las beneficiarias y su representación. A unos días de que se cumplan nueve meses de los terribles asesinatos, la Provincia en México y el Centro Prodh hacen un llamado para que los compromisos alcanzados sean implementados de manera coordinada y en diálogo respetuoso con las personas beneficiarias, así como a que los responsables de los asesinatos de los sacerdotes Mora y Campos sean llevados ante la justicia, y se garantice la no repetición. |
